Homer Simpson en Ripoll

Tras observar, vigilar y castigar a los niños que hablan castellano en el patio de la escuela, la Plataforma per la Llengua arremete ahora contra Homer Simpson por el mismo motivo. Nadie escapa al ojo atento de nuestros guerreros de la lengua, ni tan siquiera los personajes de ficción. Ya se sabe que la ficción obra un poderoso influjo sobre la realidad y nuestros vigías de occidente lo saben. Se habla mucho de la Plataforma per la Llengua y del Grupo Koiné. Aunque la primera está sufragada con generosa alegría por parte de las instituciones regionales (del segundo lo desconozco), se habla menos de un organismo oficial, con cargo a los presupuestos y dotación de medios, humanos y materiales: se trata de la Oficina de garantías lingüísticas (OGL). Cabe decir que a esta oficina pública le salieron dos hermanos, uno en Baleares y el otro en la Comunidad Valenciana. De nuevo con la ficción nos topamos: en este caso nuestra vieja ficción de los Países Catalanes, el sueño expansionista del nacionalismo.

Cuando uno entra en la web de la OGL, enlazada aquí, lo primero que descubre es que el objetivo de dicho chiringuito es la preservación de la lengua catalana -aunque se menciona también al aranés, esa reliquia que solo se habla en la ficción-. No se trata pues de defender los derechos de las personas si no los de la patria. La Generalitat catalana cae en el mismo error una y otra vez. De nada les sirve que se les cuente del derecho y del revés que los territorios no tienen derechos, que de eso solo tienen los ciudadanos. El asunto es grave: tanto, que el señor Torra está convencido de que la Generalitat incluso tiene derecho a la libertad de expresión y ni tan solo las explicaciones elocuentes de los juristas le permiten salir del error.

Pero tras repasar la web de la OGL, uno comprueba, pasmado, que se induce a la delación. "Si usted cree que sus derechos lingüísticos como consumidor han sido vulnerados...". En palabras llanas: usted puede denunciar a un establecimiento por haberle atendido en castellano. Eso debe de ser tremendo, digo yo. Lo que oyen: si a usted le atienden en la lengua oficial de España dentro del territorio español, usted puede denunciarlo. ¿Se imagina usted que le obliguen a hablar francés en la bella localidad de Rennes, en la Bretaña francesa, y que el estado francés ponga a su disposición una oficina para denunciar tamaña tropelía? Alguien le pondría el adjetivo "kafkiano" a la situación, pero a mi más bien me remite a Homer Simpson.

Llevo unos día dándole vueltas al asunto y se me ha ocurrido dirigirme a la OGL aduciendo que fui obligado a hablar en catalán en una tienda de barrio, en la que el dueño me dijo que no comprendía el castellano. También puedo simular ser este alumno al que le obligan a presentar sus trabajos de tecnología en catalán. Y se me ocurren más ejemplos. ¿Deberé escribir un prólogo a mi queja sobre la igualdad de derechos de los ciudadanos? ¿Qué respuesta creen ustedes que me darán?